Page 372 - El nuevo zar

por todo el continente. El giro deliberado de Putin en Múnich fue como un
silbatazo para una nación que compartía sus propias sensaciones de traición y
asedio; desató una furia reprimida hacia los extranjeros, incluso diplomáticos.
Cuando Estonia trasladó un monumento soviético en memoria de la guerra

ubicado en un parque en su capital, Tallin, en abril de 2007, la red informática
del país recibió una ola paralizante de ciberataques que los funcionarios

estonios rastrearon hasta llegar a ordenadores en Rusia, incluida una con una
dirección IP ubicada dentro de la Administración presidencial de Putin.[28]
Se la describió como una guerra cibernética, lanzada furtivamente por una
Rusia cada vez más belicosa, que ya no respetaba la soberanía de sus vecinos:

exactamente aquello de lo que Putin acusaba a Estados Unidos.

En Rusia, Nashi, el grupo juvenil militar creado y nutrido por el Kremlin,
tomó la embajada de Estonia. Los guardaespaldas de la embajadora de

Estonia, Marina Kaljurand, tuvieron que utilizar gas pimienta para escapar a
los nashistas que se abalanzaron sobre ella mientras salía de una conferencia

de prensa en la que había intentado calmar las tensiones por el monumento.
Su coche fue atacado mientras se iba, al igual que el del embajador de Suecia
cuando intentaba visitar la embajada de Estonia. Estos incumplimientos del
protocolo diplomático fueron tolerados por la habitualmente recelosa policía

de Rusia. Tampoco Putin cedió en su crítica pública de la hegemonía
estadounidense; en la conmemoración anual del Día de la Victoria en la plaza

Roja el 9 de mayo, comparó a Estados Unidos con el Tercer Reich por su
«mismo desprecio por la vida humana» y por su mismo deseo de gobernar el
mundo por decreto. La estabilidad de las relaciones internacionales y la
arquitectura de seguridad construida tras la Guerra Fría —una era que

auguraba una nueva paz para el continente— se estaban desintegrando en una
convulsión de reproches mutuos.

Fue en ese punto cuando el Servicio Fiscal de la Corona británica llegó a

un avance en su investigación sobre el envenenamiento de Aleksandr
Litvinenko. En mayo de 2007, anunció que había suficientes motivos para

acusar a Andréi Lugovói por el asesinato. Los fiscales no hicieron públicas las
pruebas en ese momento, pero los británicos habían llegado a la conclusión de
que solo el Kremlin podía haber autorizado una operación tan arriesgada y
descarada. Rusia rehusó desafiantemente considerar la solicitud de Gran

Bretaña para la extradición de Lugovói. Rusia citó su prohibición
constitucional para la extradición de ciudadanos rusos y, también, la