Page 488 - El nuevo zar
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investigador, Aleksandr Bastrikin, poseía una empresa y un apartamento en
República Checa. Pronto las investigaciones se extendieron a otros contratos
en que Navalni estaba involucrado, lo cual lo obligó a dedicar más de su
tiempo y energía a defenderse en los tribunales.
La oposición al putinismo que había surgido en el invierno de 2011-2012
se retiró lentamente de las calles, y los mítines se redujeron en tamaño y
fervor a medida que el Kremlin presionaba más y más contra los críticos. Los
muchos opositores a Putin —los hámsteres y los hípsters, las «clases
creativas» que se habían congregado en apoyo de Navalni— se retiraron en
cambio a internet, donde rabiaban, inútilmente.
En septiembre, en un signo más del deterioro en las relaciones de Rusia con
Estados Unidos en especial, el Kremlin puso fin abruptamente al trabajo en
Rusia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID, por sus siglas en inglés). Dicha agencia había dado apoyo a Golos y
otras organizaciones cívicas involucradas en política, pero también a otros
programas políticamente positivos, por ejemplo, para crear hipotecas para
viviendas y combatir el sida. En octubre, una nueva ley amplió la definición
de «traición» para que esta incluyera también brindar «asistencia financiera,
material y técnica, consultiva u otra» a un Estado extranjero u organización
internacional. Estaba escrita en términos tan amplios que cualquier crítico del
Gobierno que ahora tuviera contacto con una ONG extranjera podía ser
acusado de traidor. Dos destacadas organizaciones estadounidenses que
brindaban apoyo a las campañas electorales, el Instituto Nacional Demócrata
y el Instituto Republicano Internacional, debieron abandonar el país, así como
grupos similares de Europa, no fuera que sus empleados o contactos fueran
acusados de delitos que podían arrojar veinte años de prisión.
Se convirtió en un ciclo de «ojo por ojo»: cada acción que realizaba uno
de los dos países tenía su respuesta en el otro. En 2012, el Congreso de
Estados Unidos, por encima de la oposición de la Casa Blanca, que todavía
esperaba mantener una apariencia de cooperación con Putin, adoptó una
nueva ley que llevaba el nombre de Serguéi Magnitski, la cual imponía
sanciones y prohibiciones de viaje a funcionarios rusos involucrados en su
procesamiento y muerte. Los fiscales estadounidenses finalmente rastrearon