Page 97 - El nuevo zar
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Las sospechas alrededor de otro de los «errores» de Putin tendrían
consecuencias más duraderas: crearían un aura de impunidad en torno al
Gobierno de la ciudad y alimentarían la desconfianza del propio Putin
respecto de la exigencia pública en materia de responsabilidad contable. El 4
de diciembre de 1991, Putin escribió una carta al Ministerio de Economía
federal de Moscú en la que solicitaba permiso para permutar en el exterior
120 millones de dólares en productos de compañías aún estatales, incluidos
750.000 metros cúbicos de madera, 150.000 toneladas de petróleo, 30.000
toneladas de chatarra y cantidades menores de metales raros, cobre, aluminio,
cemento y amonio… por el equivalente en carne, mantequilla, azúcar, ajo y
fruta.[21]
Por segundo invierno, la ciudad hacía frente a una severa escasez y
volvieron a imponerse los racionamientos. La crisis empeoró cuando el
Gobierno de Rusia permitió que los precios aumentaran según el mercado, a
comienzos de 1992. Incluso en los casos en que había alimentos disponibles,
estos estaban fuera del alcance de los rusos pobres, que por aquel entonces
eran todos, excepto los más privilegiados. En el documental para televisión,
Shadjan mostraba a Putin hablando por teléfono con Sobchak acerca de unos
preparativos para una reunión con Yeltsin. Cuando colgó, ansioso por probar
que la oficina del alcalde estaba al tanto de la crisis alimentaria, le dijo a
Shadjan que dos toneladas y media de azúcar llegarían pronto desde Ucrania.
Pero él ya estaba harto del derroche y la corrupción. «La diferencia entre un
sueño y una meta es una fecha», dijo.[22]
Mientras la oficina del alcalde negociaba los acuerdos de trueque, Putin y
un diputado, Aleksandr Ánikin, firmaron decenas de contratos. Muchos
fueron a compañías cuyos propietarios, los críticos dirían luego, tenían
vínculos con la oficina del alcalde y con Putin mismo. Los contratos estaban
escritos con descuido, y toda la empresa era legalmente dudosa, dado que
algunos de los acuerdos fueron negociados antes de que Putin hubiese
recibido permiso a tal efecto del ministro federal competente en Moscú. Los
contratos incluían comisiones inusualmente altas, de un 25 % a un 50 %, y
estos beneficios considerables iban presumiblemente a las arcas de la ciudad
para lo que se suponía era un proyecto de emergencia para mantener a raya el