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instancia electoral, incumplía el partido indígena un recurso sea efectivo, no basta con que exista
y, más grave aún, el Consejo tampoco notificó a formalmente, pues la efectividad implica la po­
Yatama varias de estas decisiones.40 sibilidad real de interponer el recurso.46 La Corte
sostuvo que, el hecho de que las resoluciones
El cumplimiento de la garantía de fundamen- del Consejo Supremo Electoral, por disposición tAA
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tación era particularmente importante en las constitucional, no sean susceptibles de recur­ DERECHO
decisiones del Consejo Supremo Electoral dado sos ordinarios ni extraordinarios, no significa CONSTITUCIONAL
AUTOR
que, aproximadamente nueve meses antes de la que dicho Consejo no deba estar sometido a NACIONAL
celebración de las elecciones, entró en vigencia controles judiciales. También afirmó que la in­
un nuevo ordenamiento electoral que intro­ dependencia de un poder no es incompatible
ducía modificaciones substanciales al orden con la existencia de mecanismos para proteger
jurídico nacional. La Corte también sostuvo que, los derechos humanos47 y reiteró que el Esta­
independientemente de la novedad legislativa, do tiene la obligación de adecuar su derecho
los procedimientos electorales que anteceden a interno a las disposiciones de la CADH, lo cual
la celebración de las elecciones deben resolver­ no sólo implica la expedición de normas sino, ro
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se con especial celeridad y mediante un trámite también, la supresión de prácticas que entrañen
sencillo que facilite las decisiones en el marco una violación al ordenamiento interamericano.48 a
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del calendario electoral.41 "O
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Coso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. T3
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La Constitución de Nicaragua establece un Paraguay (2006)49 CU
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Poder Electoral independiente de los otros tres c
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poderes presidido por el Consejo Supremo Elec­ El Estado de Paraguay no garantizó el derecho ro
toral.42 Además, este ordenamiento establece de propiedad de la comunidad Sawhoyamaxa OJ
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que en contra de las resoluciones de este órgano ya que desde 1991 se encontraba en trámite la 0
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no procederá recurso alguno, ordinario ni ex­ solicitud de reivindicación territorial y, al día de u
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traordinario.43 No obstante, los representantes la demanda, no había respuesta satisfactoria. Q
del citado partido político presentaron ante la Para resolver este caso, la Corte IDH analizó si el O)
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Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema procedimiento de solicitud de tierras por parte •o
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de Justicia un recurso que, como era previsible, de la comunidad indígena se desarrolló con res­ <-■
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fue declarado improcedente.44 peto a las garantías judiciales, dentro del plazo u
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razonable y si el recurso para asegurar los de­
La inexistencia de un recurso efectivo y, además, rechos de los recurrentes fue efectivo. De igual "O
sencillo y rápido, coloca a las personas en estado forma, evaluó si el Estado, en el procedimiento LO
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de indefensión y constituye una transgresión a administrativo, tomó en cuenta las particulari­ E
la Convención.45 Como ya se señaló, para que dades propias de los pueblos indígenas.50 3
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40. Ibíd., párrafo 154.
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41. Ibíd., párrafo 150. a
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42. Ibíd., párrafo 171.
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43. Ibíd., párrafo 171. cc
44. Ibíd., párrafo 172.
45. Ibíd., párrafo 167. <r>
46. Ibíd., párrafo 169.
1
47. Ibíd., párrafo 174.
48. Ibíd., párrafo 185. 2
§
49. Corte IDH, sentencia sobre fondo, reparaciones y costas, de 29 de marzo de 2006. Serie C, No. 146.
Q
50. Ibíd., párrafo 83.
A c c e s o a l a j u s t i c i a y d e b i d o p r o c e s o d e l o s p u e b l o s y c o m u n i d a d e s i n d í g e n a s . . . 37