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Cuando se libraba la batalla de la ampliación del sufragio, a la objeción de que la
mayoría no sabía votar y, por tanto, no era capaz de utilizar este instrumento, se
respondía que para aprender a votar era necesario votar. Y a la objeción de que este
conocimiento, este aprendizaje, no progresaba, se replicaba que los factores de este
bloqueo eran la pobreza y el analfabetismo; de lo cual no se podía dudar. Por otra parte,
nos encontramos ante el hecho de que la reducción de la pobreza y el fuerte incremento
de la alfabetización no han mejorado gran cosa la situación.

Se entiende que la educación es importante. Pero también es fácil comprender por qué
un crecimiento generaldel nivel de instrucción no comporta por sí mismo un incremento
específico de ciudadanos informados sobre cuestiones públicas; lo cual equivale a decir
que la educación en general no produce necesariamente efecto de arrastre alguno sobre
la educación política.

Por el contrario, cada vez más, la educación especializa y nos limita a competencias
específicas. Aunque, en hipótesis, tuviéramos una población formada por licenciados,
no está claro que por ello habría un incremen to relevante de la parte de población que
se interesa y especializa en política. Y, si fuera así, el problema quedaría tal y como
está. Pues un químico, un médico o un ingeniero no tienen una competencia política que
los distinga de quien no la tiene. Sobre cuestiones políticas dirán las mismas
trivialidades o necedades que puede decir cualquiera. Pero concretemos aún más.

Hasta ahora no he insistido sobre la distinción entre información y competencia
cognoscitiva. Es, no obstante, una distinción esencial. El hecho de que yo esté
informado sobre astronomía no me convierte en astrónomo; no por estar informado
sobre economía soy economista; y que yo posea información sobre fisica no me
transforma en fisico. Análogamente, cuando hablamos de personas «políticamente
educadas» debemos distinguir entre quien está informado de política y quien es
cognitivamente competente para resolver los problemas de la política. A esta distinción
le corresponden grandes variaciones entre las dos poblaciones en cuestión. Es
comprensible que los porcentajes dependan de cuánta información y qué cognición se
consideren respectivamente suficientes y adecuadas. Pero, en Occidente, las personas
políticamente informadas e interesadas giran entre el 10 y el 25 por ciento del universo,
mientras que los competentes alcanzan niveles del 2 ó 3 por ciento „.

Obviamente, lo esencial no es conocer exactamente cuántos son los ciudadanos
informados que siguen los acontecimientos políticos, con respecto a los competentes
que conocen el modo de resolverlos (o que saben que no lo saben); lo importante es que
cada maximización de democracia, cada crecimiento de directismo requiere que el
número de personas informadas se incremente y que, al mismo tiempo, aumente su
competencia, conocimiento y entendimiento. Si tomamos esta dirección, entonces el
resultado es un demos potenciado, capaz de actuar más y mejor que antes. Pero si, por el
contrario, esta dirección se invierte, entonces nos acercamos a un demos debilitado. Que
es exactamente lo que está ocurriendo.