Page 166 - Debate anti-utopico

166 Debate Anti - utópico

Los créditos internacionales para financiar la Reforma Educativa y
Participación Popular junto con la inversión extranjera, tropezaron con
el eterno patrimonialismo estatal, de tal manera que el gonismo estuvo
imposibilitado de modernizar el Estado, entendiendo a la modernización
como una racionalización substantiva de las decisiones y la instituciona-
lización de las políticas públicas; es decir, la definición clara de medios
y fines, los mismos que, a su vez, están adecuados con los objetivos y
metas planteados por el programa de gobierno. Pero Sánchez de Lozada
se contentó con la llegada feliz de recursos frescos sin dirigir la orienta-
ción lúcida de competencias y funciones en los ministerios. En sus dos
gestiones de gobierno, hubo profusión de muchos pequeños caudillis-
mos ministeriales y faltó una coordinación solvente, lo cual no condujo
al aumento de la eficiencia en las políticas públicas.
Los ministerios se manejaron como feudos de la coalición gober-
nante y el trabajo tendió a ser disperso y heterogéneo sin construir un
Estado con alta capacidad normativa, es decir, legislativa, y con potes-
tad de hacer cumplir las leyes que se dictaron en el campo económico.
Si bien el Estado comandado por el gonismo fijó algunas pautas básicas
para el desarrollo de la economía, no tuvo la conciencia para redistribuir
los beneficios del proceso económico.
En la medida en que el sistema de gobierno boliviano era conceptua-
lizado como un presidencialismo parlamentarizado donde el Congreso
poseía la atribución de elegir al Presidente de la República y la legiti-
midad de éste provenía de los acuerdos y coaliciones parlamentarias,
dicho sistema condujo a una gobernabilidad que estuvo sujeta al forta-
lecimiento del parlamentarismo; sin embargo, el gonismo hizo que sus
leyes de Reforma Educativa, Participación Popular y Capitalización
sean impuestas sin una reflexión detenida y un análisis sobre sus riesgos
y requerimientos en función de los intereses de largo plazo para el país.
Todas las reformas fueron aprobadas por imposición, incluso valiéndose
de un estado de sitio en 1995 y, por lo tanto, para Sánchez de Lozada, el